Estudiar un máster de Derecho en España.

Ricardo Lecaro Manrique @rlecaman

“¿Qué tal estudiar en España?” “Quiero hace un máster ¿dónde busco?” “¿Conoces esta Universidad?”  “¿Es buena Comillas en Derecho Marítimo?” No es infrecuente que reciba en mi teléfono o mail un mensaje como estos de un amigo o conocido solicitando información sobre un máster en España.  Y es comprensible. Estudiar en el extranjero es todo un reto desde el inicio. Los estudiantes hacemos frente a una importante decisión en nuestra vida que marca nuestro futuro profesional, involucra tiempo, dinero y en muchos casos supone ¡Vivir en un lugar que nunca hemos estado antes!

La escasa información de primera mano, la falta de conocimiento del medio y los confusos resultados que aparecen en internet convierten los primeros acercamientos a la web en investigaciones infructuosas que ofrecen poca seguridad sobre nuestras primeras impresiones.

Y es que existe una cantidad innumerable de estudiantes ávidos de conocimiento que saben que no basta con el carnet de abogado local y comprenden que si quieren destacar en el mercado requieren especialización, estudio y experiencia internacional. Tienen razón, el mundo universitario internacional ofrece una infinita cantidad de opciones para aquello y se puede aprovechar, el máster de derecho (el famoso Ll.M.) es un perfecta oportunidad para aquello.

En el mundo jurídico ecuatoriano y latinoamericano, es común que los posgrados de derecho se cursen en España, incluso pareciera que es un camino natural hacia el posgrado ¿Por qué? Desde las primeras traducciones al castellano del decimonónico código napoleónico (luego copiado por Bello en Chile) hasta la asesoría española en la creación de la constitución de Ecuador en 2008, nos hemos visto abocados a una intima relación de tradiciones jurídicas con los iberos.

Hoy en día, es innegable la similitud entre los sistemas jurídicos latinoamericanos con el español, que llega a ser casi idéntico en algunas materias (aunque algo distante en otras). Me gusta pensar y lo digo frecuentemente que quien estudia derecho en España puede ejercer derecho en un país latinoamericano como quien toma un año sabático y tiene que ponerse al día con las novedades legislativas. Se podría decir lo mismo de otros países de Europa continental pero el idioma y la similitud cultural hacen de España un país muy atractivo para estudiantes.

Existen varios mitos acerca del caso España, la situación de crisis que se vive hoy genera una o más dudas sobre si aún vale la pena estudiar aquí. Las universidades españolas (en su mayoría) no han cambiado en los años de crisis.  Esto se debe a que el conocimiento no se destruye tan rápido como los puestos de trabajo. El conocimiento tiene una tarea de creación de larga duración y por eso se mantiene a lo largo de los años. Incluso se puede decir que la Universidad española ha mejorado en el ultimo lustro y que ha alcanzado a estar en el top mundial en ciertas carreras –no jurídicas– por encima de las tradicionales Cambridge, London School of Economics, Harvard y otras del mismo calado.

Ahora bien, es cierto que España no es ni la única ni la mejor opción en todos los casos. De hecho, aliento a las personas que tienen otros objetivos, como quienes van en búsqueda de sus masterados de especialización muy específicos a destinos diferentes, o quienes buscan locaciones más exóticas; hasta los que desean el prestigio absoluto sobre todas las cosas, como el de una Universidad como Columbia (si logran entrar).

Definitivamente España es una excelente opción, pero con cuidado, no debemos decidir ciegamente la universidad. Existen cientos de universidades con miles de programas, unos bastante malos y otros de pulcra excelencia. Aquí es donde la cuestión se pone espinosa. Debemos poner sobre la mesa las variables: excelencia  académica, posición en el ranking, profesores, precio, ciudad, salidas laborales, etc. y la decisión no es nada fácil.

Como estudiante de universidades españolas en grado y posgrado existen algunas cosas que puedo decir al respecto y hacer unas cuantas recomendaciones genéricas sobre la elección del master del derecho. Pero para esta cuestión se requiere un articulo separado que prepararé para la próxima semana.

Salud y viento en popa.

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Tranquilos, aquí hay suplente

Cordero y Velasco donde deberían estar: La Asamblea.
Foto tomada de Diario El Comercio.

Por Esteban Noboa Carrión

@estebannoboac

Cuando los ecuatorianos fueron nuevamente obligados a ir a las urnas este febrero, vieron en las papeletas las caras de los flamantes candidatos a asambleístas acompañadas por su nombre a un costado.

Dos de esas caras pertenecían al Corcho Cordero y Paco Velasco, vetustas figuras políticas del país que datan de aquellos oscuros tiempos partidocráticos. No obstante, el pertenecer al movimiento político que goza de mayor popularidad en el país les da a su imagen un aire de frescura, y es precisamente por ello que ganaron su escaño en la Asamblea sin discusión alguna.

Pero en estos últimos días, sus electores se han encontrado con una sorpresa: Cordero y Velasco renuncian a su calidad de asambleístas para ocupar dos cargos de designación presidencial, la dirección del IESS y un ministerio, respectivamente. Ahora bien, todo el padrón electoral podría tener la legítima duda acerca de las consecuencias de estas renuncias y qué es lo que según nuestro ordenamiento debe pasar.

En primer lugar, nuestra Constitución no prevé nada al respecto de la renuncia de un legislador, por lo que de raíz, se pone en duda la legitimidad de la existencia de la controvertida figura de los asambleístas suplentes. Es la Ley Orgánica de la Función Legislativa la que los crea, otorgándoles facultades de “reemplazo del principal” en caso de ausencia temporal o definitiva. “Reemplazar”, por definición, es “hacer las veces de otra persona”. En consecuencia, los suplentes representan a sus principales cuando estos se ausenten. Y la “ausencia” por ningún motivo implica una declaración de voluntad del asambleísta a dejar su cargo. Por otro lado, la renuncia sí es una declaración unilateral de voluntad de dejar de ser asambleísta, por lo que la ley acertadamente la configura como causal para la cesación en funciones de estos.

Si Cordero y Velasco renunciaron voluntariamente a su escaño, ¿cómo es que Gabriela Rivadeneira acaba de principalizar a sus suplentes por ausencia definitiva? La actuación de la flamante presidenta de la Asamblea no tiene asidero legal alguno. Ante la renuncia de ambos, lo legítimo y democrático es que la curul vacante se le otorgue a la siguiente persona más votada por los electores.

La utilización de la figura del suplente para reemplazar a alguien que ha renunciado a un cargo elegido por votación popular constituye un flagrante engaño a la democracia y a sus electores. Los nombres de los suplentes ni siquiera figuraron en las papeletas de asambleístas nacionales –sí en los provinciales– y en la práctica nadie tiene idea de quiénes son. Lo que ha ocurrido es que se ha forzado un mecanismo legal para dar paso a la pretensión de un partido de conservar su escaño a toda costa, y así eliminar la eventual posibilidad de que asuma alguien que no pertenezca a sus filas, a pesar de que esa sea la intención de la ley y lo democráticamente razonable. Estamos ante uno de esos Abusos de Derecho dignos de estudio en las aulas universitarias.

Pero tranquilos, señores electores de Cordero y Velasco, que aquí hay suplente, así no hayan votado por ellos verdaderamente y no los conozcan.

*Artículo publicado originalmente en diario El Universo, edición de 23/05/2013.

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Publicidad autorizada por el CNE: ¡qué alivio!

por: Esteban Noboa Carrión

@EstebanNoboaC

Durante estas últimas semanas, ha resultado realmente complejo poner la mente en algo que no sea el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Hinchas de todos los equipos, hinchas de nadie que gustan de ver buen fútbol, y claro, los sufridores que detestan que la gente se vuelva tan loca por algún equipo, todos, han estado pendientes del desenvolvimiento del torneo en el que Barcelona, por fin, se consagró campeón luego de catorce años de fracasos.

Existe algo común en todo este colectivo que estuvo pendiente del campeonato, y -aunque no parezca- no es su afición por Barcelona, sino que todos fueron testigos de la avalancha publicitaria a la que nos somete el Gobierno de turno semanas antes de que oficialmente comience la campaña electoral. En cada partido se podía escuchar o ver a todos los Ministerios alabando sus gestión, a personas contratadas criticando gobiernos pasados y enalteciendo al actual, y en fin, a muchos acusadores que fustigan en contra del Presidente por haberse robado nuestros corazones. Asimismo, todos fuimos testigos de que al final de esta parafernalia publicitaria siempre se dejó claro que lo que se está diciendo, ha sido autorizado por el CNE. ¡Uf! ¡Qué alivio saber que nuestro garante de la democracia está controlando el gasto oficial en publicidad!

Lastimosamente, el país está lleno de ingenuos que se creen esta mentira o, si es que no se la creen, les da completamente igual su posible falta de veracidad. Existe también otro numeroso colectivo –el burócrata- que conoce perfectamente el engaño sistemático al que están siendo sometidos todos los ecuatorianos, pero lamentablemente están conscientes de que deben alcahuetear este cinismo, ya que sus puestos, sueldos y pan, están en juego si osasen criticar al poder.

Por todo ello, es necesario hacer un análisis de la normativa que regula el gasto electoral y cuál será la casi segura actuación que tomará el CNE ante los gastos por campaña anticipada. En octubre, el CNE aprobó el “Reglamento para el Control del Financiamiento, Propaganda y Gasto Electoral y su Juzgamiento en Sede Administrativa”, cuyos artículos 9, 28 y 29 establecen las reglas de imputación de gasto electoral por promocionar, previo al inicio de la campaña, a un posible candidato. Fuera de la manifiesta inconstitucionalidad e ilegalidad en la que incurre el Reglamento -por arrogarse funciones ajenas a su jerarquía jurídica y cuyos pormenores exceden este análisis- resulta insólito que el único contendor electoral que puede actualmente publicitar en medios de difusión masiva, con la venia del CNE, sea el partido oficialista. En pocas palabras, las reglas aplican para todos, con excepción de uno, cuya estancia en el poder es patente de corso para determinar el alcance de sus actuaciones que, según ellos mismos, “siempre” están dentro de los parámetros establecidos por las leyes.

Los ecuatorianos seremos testigos de uno de los más grandes cinismos de nuestras autoridades gubernamentales si llegasen a sancionar a otros candidatos por hacer campaña electoral anticipada; y si, a su vez, se hicieren los “suecos” al evaluar si la publicidad del Gobierno, que actualmente inunda los medios, califica dentro del mismo supuesto de hecho, bajo el falaz argumento de que sus spots son de “interés público”. ¡Ay, aquel interés público! El concepto jurídico más indeterminado que existe servirá de leguleyada para que este juego sucio que estamos viviendo quede en la impunidad y se sancione a otros que, jugando bajo las mismas reglas, son tratados de manera distinta. Qué bonito es el poder…

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Del concierto y la cancha ¡a la asamblea!

Por: Esteban Noboa Carrión

@EstebanNoboaC

Ciudadanos postulando un burro para la Asamblea en el CNE
Fuente: El Universo

Resulta desalentador que los ecuatorianos nos hayamos malacostumbrado de tal manera que nos parezca completamente normal y mundano que en las listas de aspirantes a la Asamblea se encuentren cantantes, futbolistas, animadoras de televisión, etc. Y es que el perfil que sostienen este tipo de personas los hace muy apetecibles para los partidos políticos, dada la gran popularidad que ostentan dentro del electorado. Para los actores políticos, es indiferente la preparación o la madurez intelectual de sus candidatos, ya que con tal de asegurar los votos, todo vale.

Esta lamentable situación pone a la luz del debate uno de los grandes males necesarios que tiene la democracia: el derecho a elegir y ser elegido, sin más. La Función Legislativa, a diferencia de todas las otras, es el auténtico bastión de representación popular. En el Parlamento se encuentran representadas las mayorías y las minorías, todas con una voz y un voto, sin distinguir edad, profesión o capacitación. Aunque parezca mentira -porque en nuestro país dista de ser así- el verdadero baluarte de la democracia es la Asamblea Nacional.

Todas estas consideraciones nos llevan forzosamente a la misma reflexión: ¿cómo es posible que a un tipo que no sabe nada de política, economía o derecho se le permita legislar? La respuesta es sencilla: los ecuatorianos carecemos de madurez democrática. Los partidos políticos no incurrirían en estas prácticas si el electorado, consciente del engaño al que son sometidos, rechazara a estos candidatos negándoles el voto. Pero lograr este rechazo sólo sería posible por medio de una campaña de concientización que abarque todos los niveles sociales y educativos, y que llegue a influir en ambas partes, electores y elegidos.

De manera alternativa, algunos proponen que para ser Asambleísta se debe exigir como mínimo, un título universitario. No obstante, hay que señalar que la Asamblea, como único ente 100% democrático, no puede ser exclusivamente para quienes hayan obtenido un título, pues se puede dar el evento de que una gran cantidad de personas apoye a un candidato que posee vasta sabiduría pero que por cuestiones de la vida nunca estuvo ni acabó la Universidad. La meritocracia está pensada principalmente para la Función Judicial.

Finalmente, aquí los tenemos. El Bam Bam, el Tín, y Ulises saltan de las canchas para integrar las listas del partido oficialista teniendo escasa preparación política. El PRE y el PRIAN no se quedan atrás y sacan de conciertos y sets a cantantes y animadores.

Son completamente legítimas las aspiraciones de trabajar “para el pueblo” pero la efectividad de éstas se diluye ante la latente incapacidad y poca preparación que se tiene para conseguirlo. Es vital para el Ecuador que los políticos se den cuenta que la calidad de nuestra democracia no mejorará si se siguen aprovechando demagógicamente de la ignorancia de sus electores. Sin embargo, para el lamento de muchos, democracia significa el “gobierno de todos” representados por quienes elijamos, siendo indiferente el hecho de ser futbolista, cantante o animador. Lo que hay que comprender es que la experiencia, el estudio y la preparación son vitales para el buen gobierno. Tenemos casi 200 años de experiencia como país, pero ninguno como democracia madura. Ya es hora.

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